Hoy hemos estado ahí, junto a quienes defienden los derechos de todos, en la convocatoria realizada para el día de hoy por la Plataforma Alcalareña en defensa del sistema público de pensiones y de la Plataforma Alcalareña en defensa de las pensiones comisión de la mujer.
Y te preguntarás ¿porqué se realiza delante del Ayuntamiento?, porque es la representación política más cercana que tenemos, y el PSOE es igual de culpable en los planes de privatización del sistema de pensiones, sin ir más lejos, el pasado día 4 de abril, en el Parlamento Europeo los partidos liberales (ellos se autoproclaman de centro), aprobaron privatizar las pensiones, el PSOE se abstuvo en vez de defenderlas o votar en contra, y no solo eso, voto en contra de una enmienda presentada por Izquierda Unitaria. Aquí te dejamos el enlace a la noticia publicada en el diario.es
Los Sistemas Públicos de Pensiones deben estar garantizados y constituir un Derecho Fundamental de todos y todas, para lo cual se hace necesario y urgente que se deroguen las leyes del 2011 y el 2013, las cuales aumentaron la edad de jubilación; aumentaron el periodo de cálculo de la pensión; endurecieron los requisitos para percibir el 100% de la Base Reguladora; rebajaron las cotizaciones empresariales; devaluaron y robaron todas las pensiones, con el cuento del “déficit” y empobrecieron, aún más, a las millones de pensionistas, a la vez que fomentaron y fomentan el expolio y la rapiña del sector financiero- asegurador, por medio de los “planes privados de pensiones”.
El Sistema Público de Pensiones viene obligado, por mandato constitucional (artículos 50 y 41), a contar siempre con recursos suficientes, para garantizar pensiones universales a la tercera edad y que estas sean suficientes y actualizadas en su cuantía.
La garantía de este Derecho Fundamental, está cubierta a través de los PGE (siempre habrá recursos suficientes para las pensiones) y el “estado”, gobierne quien gobierne, viene obligado a materializar este Derecho para todos y todas.
Los gobiernos, sean quienes sean, tienen que fiscalizar los sistemas privados de pensiones, a la vez que abordar una reforma fiscal urgente, donde se obligue al capital (como empresario, como rentista, como inversionista) a contribuir en función de sus ingresos y eliminar de manera radical el “robo legal” que se realiza a través de los topes máximos en la cotización, a la vez que eliminar los beneficios de los Fondos Privados de Pensiones que sustraen a la Caja Común de los Sistemas Públicos de Pensiones, miles y miles de millones de euros.
Garantizar pensiones suficientes para todas y todos, que ninguna de ellas este por debajo de los 1.080€, no sólo es posible, sino que es un acto de Justicia Social.
Porque nos han robado el presente y quieren robarnos el futuro, tenemos el deber y la obligación de defender nuestro Sistema Público de Pensiones.