Cualquier sociedad democrática debe proteger a su ciudadanía e impulsar valores de respeto, igualdad y convivencia. Sin embargo, vemos cómo las instituciones del Estado Español fallamos a sus mujeres, que son asesinadas, violadas, explotadas sexualmente, discriminadas e invisibilizadas. Pero también algunos sectores políticos quieren devolvernos a tiempos de Ana Orantes, negando la existencia misma de las desigualdades y las violencias machistas que sufrimos las mujeres, por el hecho de serlo. Ante este relato negacionista, la realidad es demoledora: En octubre de este año ya han sido asesinadas más mujeres por su pareja o expareja que en todo el año pasado y desde la sentencia de la manada de 2016 hemos sufrido 147 las violaciones múltiples en el Estado español.
Desde las instituciones tenemos la obligación de responder con la misma dignidad y fuerza con las mujeres que salen a la calle cada 25 de noviembre gritando ¡Ni una Menos! Debemos llevar sus exigencias a las políticas locales, sin fisuras, desde una perspectiva integral y una estrategia global, ya que las violencias se encuentran en todos los ámbitos de la vida. Son necesarias medidas reales y urgentes contra la Violencia Machista, con presupuesto, dotación económica, material y recursos humanos, que sean revisables y evaluables, que incorporen todos los tipos de violencia contra las mujeres (física, psicológica, económica, sexual…) y en cualquiera que sea su ámbito de manifestación (familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional) en las que deben trabajarse y volcarse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. El pasado 21 de noviembre, en el pleno ordinario se aprobó una moción por todos los grupos de la corporación a excepción del voto en CONTRA DE VOX.
La moción aprobada es la siguiente:
Hace 20 años la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. En la declaración se reafirmaba que la violencia contra la mujer era un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz; y un atentado a los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales.
Con ello, la ONU asumía las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres que durante los años 80 iniciaron la conmemoración en este día en recuerdo del asesinato de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana.
También, hace 20 años, la Unión Europea declaró 1999 “Año europeo contra la violencia hacia las mujeres”. Había llegado la hora de que esta violencia se hiciera visible y se denunciaran las consecuencias negativas que tiene para las mujeres y para toda la sociedad. Durante este tiempo, en nuestro país, instituciones públicas y privadas han desarrollado campañas de concienciación ciudadana que han contribuido a un cambio de actitud en la población en general, superándose las políticas del silencio; además, los avances legislativos nos han dotado de instrumentos para reducir la impunidad de la violencia y la protección de las víctimas. Ha sido especialmente relevante, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad y que en 2015 se reformó para extender su protección a las hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género.
En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, reconoce diferentes formas de violencia contra las mujeres, más allá del ámbito de la pareja, como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los Estados si no responden de manera adecuada. Pero los marcos legales por sí solos no son suficientes; deben ir acompañados de recursos con los que dotar planes de acción que desarrollen medidas eficaces. Para ello, el Pacto de Estado contra la Violencia Género de 2017 debe continuar con sus funciones de prevención e intervención, precisando de la máxima involucración institucional y evaluación continuada de las medidas para adaptarlas a una realidad cambiante.
La violencia de género ya no es tema privado sino público, gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003 han asesinado a 1.020 mujeres y a 30 menores, a las que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostituidas y aquellas otras asesinadas por el hecho de ser mujer.
Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose el riesgo que ello suponía.
El 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (en lo que va de año 33 menores han quedado en situación de orfandad). La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70 % se produce en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas.
Además, la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2018 manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de naturaleza sexual, por las agresiones sexuales en grupo y la ejercida a través de redes sociales entre adolescentes y jóvenes; y por los déficits de protección a las 16 mujeres asesinadas que habían presentado denuncia.
Ante esta realidad incontestable no podemos acostumbrarnos sólo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no tolerar la violencia de género.
Erradicar la violencia contra las mujeres y niñas es una tarea complicada, requiere abordar la desigualdad de género que la provoca y que está profundamente arraigada en todos los ámbitos de la vida social. Es necesario contar con la intervención desde todos los sectores y a nivel individual y colectivo. Cada organización, cada persona tiene un papel, debemos convertirnos en agentes positivos en la defensa de los derechos de las mujeres y rechazar abiertamente la discriminación y el abuso.
Por todo ello:
1. Considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia.
2. Trabajar de forma coordinada y conjunta todas las Administraciones en todos sus niveles en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
3. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa.
4. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista.
5. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del maltratador, la situación de discapacidad o el embarazo.
6. Incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y proporcionando recursos de asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios.
Corresponde a toda la sociedad luchar y condenar la violencia machista. La vulneración sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática.
El Acto Institucional con motivo de la Conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, tendrá lugar el lunes 25 de noviembre a las 11:00 horas en el patio del Ayuntamiento.