Es de justicia conocer realmente la situación financiera de la Seguridad Social y las pensiones son el medio de vida que tenemos los y las trabajadoras una vez finaliza nuestra etapa laboral, un derecho adquirido mediante nuestra lucha y que conseguimos que estuviese reconocido en nuestra Constitución en el artículo 50
Desde Unidas Podemos en Alcalá, queremos que con esta moción se inste al gobierno de la nación a que se realice una auditoría real para conocer el estado económico de la Seguridad Social.
Desde la Plataforma Alcalareña en defensa de las pensiones públicas, y El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas nos han solicitado que hagamos participe de sus reivindicaciones a esta corporación, por lo que trasladamos y exponemos la iniciativa de estas plataformas.
La financiación en el régimen de reparto de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social se realiza por cotizaciones sociales, mediante una parte del salario de las personas que en ese momento están trabajando, estableciendo un sistema basado en la solidaridad intergeneracional. Los trabajadores activos con sus cotizaciones financian las prestaciones de los trabajadores jubilados y al mismo tiempo generan el derecho a su prestación contributiva para cuando se jubilen.
Durante decenios, la Seguridad Social tuvo importantes superávits de cotizaciones sociales – la conocida por todos como la “hucha de las pensiones” -.Pero, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la Seguridad Social, desatendiendo así el respeto al patrimonio de la Seguridad Social establecido en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social, que determina que es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, pertenece a los trabajadores cotizantes.
Existen documentos aportados y debatidos en distintas Comisiones del Parlamento que afirman que “si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al pago de las pensiones se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros”. Se trataría, pues, de recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. Con estos datos, todo el debate sobre la sostenibilidad del sistema seria innecesario, pues a todas luces sería sostenible y por tanto, no están justificadas las reformas de pensiones realizadas ni las que anuncia el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que parece que solo quieren precarizar aún más la calidad de vida de nuestros mayores, que en un gran número recibe pensiones básicas, mínimos y en muchísimos casos insuficientes para poder subsistir de forma digna.
Desde Unidas Podemos, exigimos que el dinero que pertenecía a la hucha de las pensiones y fue destinado a cuestiones distintas a las que debería hay que restituirlo. Es necesaria una auditoria oficial que determine el importe de esos saqueos y sean repuestos. El Estado debe restituirlo, fortaleciendo así a la Seguridad Social, cuyas instituciones y prestaciones han sido soporte solido de millones de familias obreras.
Consideramos que queda claro en la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 109, que establece que para atender las pensiones, si faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias.
Pero en este caso, en lugar de hacer estas aportaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se han venido realizando préstamos , acumulándose durante años el pasivo de la Seguridad Social, generando así una falsa deuda, que además ha servido para que el Estado esconda su propio déficit en las cuentas de la Seguridad Social.
Esta práctica, seguida durante años, ha servido para desacreditar el sistema de reparto, cuando lo cierto es que es perfectamente sostenible si se cumple con lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Detrás del descrédito al sistema de reparto lo que hay es una mala praxis presupuestaria; que imputa de forma indebida por la vía de los gastos exenciones, como las cuotas patronales de los ERTE y rebajas de cotizaciones a los empresarios, y que por la vía de los ingresos no garantizan la reserva de los excedentes en la hucha de las pensiones.
Es de justicia que se acometan todas acciones necesarias para garantizar la pensiones públicas, actualizarlas, y restituir los fondos de la Seguridad Social para que se destinen para lo que realmente deben de destinarse.