La historia nos demuestra que siempre que se ha abierto un nuevo periodo democrático en España, el debate sobre el modelo de organización territorial se ha resuelto a favor de la descentralización.
A finales del siglo XIX, la breve Primera República optó por un modelo federal y cantonalista. La Segunda República en su Constitución de 1931, abogaba por un Estado Integral, que compatibilizaba el poder central con la autonomía de municipios y regiones y, a finales de su vigencia, con los procesos irresolutos por el golpe de estado franquista, para la consecución de Estatutos de Autonomía. Finalizado el periodo de dictadura centralista franquista, la democracia en la que hoy vivimos optó por un modelo autonomista, en el que los diferentes territorios del Estado podrían alcanzar ciertos niveles de autogobierno.
Andalucía, durante la Segunda República intentó alcanzar su más alto nivel de autogobierno, como hicieron Cataluña, Galicia y el País Vasco, pero el alzamiento militar y golpe de estado franquista impidió la culminación del proceso para la consecución del Estatuto de Autonomía andaluz.
Iniciado el nuevo periodo democrático a finales de los años 70, se retomaban los modelos de autogobierno de finales de la Segunda República, que la Constitución reconocería a las que llamó nacionalidades históricas. Pero la redacción de la carta magna, iba a dejar al margen el proceso no resuelto del Estatuto andaluz. Por ello el 4 de diciembre de 1977, el pueblo andaluz, que mantenía viva la memoria que los redactores de la Constitución parecían haber olvidado, decidió conquistar durante de La Transición su derecho al autogobierno. Ese 4 de diciembre que hoy rememoramos, a personas como Blas Infante, padre de la patria andaluza, Federico García Lorca o José Manuel García Caparrós, así como otros muchos andaluces y andaluzas que se jugaron la vida por conquistar la Autonomía. Pero hoy también rememoramos a todas aquellas personas que inundaron las calles andaluzas con manifestaciones multitudinarias para exigir que la Constitución, confiriese a Andalucía en la organización del modelo territorial, el mismo reconocimiento de plena autonomía y de máximas competencias que la propia Constitución Española terminó definiendo, en su artículo 2 como nacionalidad histórica, al mismo nivel que tendrían otros territorios como Cataluña, Galicia y el País Vasco.
Gracias a estas movilizaciones, el artículo 151 de la Constitución española abrió la puerta, al acceso al máximo nivel de autogestión que el Estado confiere a las Comunidades Autónomas, a través de los Estatutos de Autonomía. Aunque Andalucía buscaba su reconocimiento como nacionalidad histórica, la Constitución sólo reconoce, a través de un complejo procedimiento comúnmente llamado “vía lenta”, la autonomía y el autogobierno a los territorios que accedieron a él a través de este mecanismo.
A través de las movilizaciones del 4D, los la ciudadanía andaluza, no sólo consiguió el acceso a la autonomía para sí misma, sino para todos los territorios del Estado que poco a poco han podido ir redactando sus propios estatutos de Autonomía. Fue un acto de reivindicación propia, pero a la vez de solidaridad y hermandad con el resto de pueblos de España.
Tres años después de estas movilizaciones, el 28 de febrero de 1980, Andalucía pudo votar y un año después, consiguió culminar su autonomía a través de su Estatuto.
Hoy, 4 de diciembre del año 2020, recordamos que aún queda mucho trabajo por hacer para que nuestro Estatuto de Autonomía, como principal norma del sistema autonómico, se cumpla en su totalidad. Andalucía tiene la necesidad de acabar con la deuda histórica que el Estado tiene con ella y conseguir una financiación suficiente que permita el cumplimiento de la autonomía financiera reconocido por el Estatuto y la Constitución y que tan necesaria es para el sostenimiento de los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Igual de urgente es conseguir los otros principios básicos del Estatuto como la creación de empleo de calidad y la equidad de acceso al mismo, la reducción del paro, la creación y redistribución de la riqueza, así como la cohesión social y territorial.
Aunque la Constitución de 1978 no termina de reconocer la realidad nacional de Andalucía, que propugna el Manifiesto de Córdoba de 1919, El Estatuto andaluz, como máxima norma de la autonomía, sí reconoce en su artículo primero a Andalucía, la nacionalidad histórica y su derecho al autogobierno.
Desde Adelante Alcalá hemos solicitamos que este 4 de diciembre, el ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra homenajee al pueblo andaluz por su determinación para conseguir la autonomía y por su lucha democrática para la y consecución de las máximas competencias y niveles de autogobierno en un Estado Plurinacional.