En Unidas Podemos por Alcalá estamos comprometidos en eliminar las discriminaciones, favorecer la integración real de todos. En el día de hoy nuestra portavoz ha participado en una de las actividades organizadas dentro de la semana de las capacidades diferentes. En breve presentaremos una serie de medidas para conseguir facilitar la integración.
Entre los colectivos sociales que más han sufrido las consecuencias de las recientes crisis económicas, de los múltiples recortes en materia de servicios públicos y que han sentido de manera más aguda la crisis sanitaria provocada por la COVID-19; las personas con diversidad funcional han vivido todo ello de manera más dura. A un escenario ya de falta de suficientes recursos de las administraciones públicas, a una sociedad aún lejos de configurarse como respetuosa, sensible en materia de igualdad de género o garantista en materia de derechos de todo tipo, se han sumado el no despegue de la ley de dependencia, la falta de recursos en materia de coberturas socio-sanitarias o incluso de recursos suficientes para la integración laboral y educativa plena.
Si bien en la Constitución Española de 1978 se incorporó explícitamente un artículo, el 49, que literalmente dice: “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararan especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos” (hecho que colocó al texto constitucional del Estado a la vanguardia del constitucionalismo europeo ya que tan solo en aquella altura Italia y Portugal consagraban en sus cartas magnas articulados específicos con derechos para las personas con diversidad funcional); lo cierto es que 44 años después los derechos no se disfrutan en igualdad y la brecha educativa, laboral, sanitaria, de género u orientación sexual y de toda índole no hace más que agrandarse entre las personas con diversidad funcional).
La crisis COVID-19 ha significado para estas personas un agravamiento de los diferenciales en múltiples derechos: una cuarta parte de las personas con diversidad funcional que trabajaban en abril de 2020 perdieron su empleo en los seis meses siguientes, se ha agravado la precariedad de los que los conservaron y se ha dificultado, pese a lo positivo de la evolución de datos en cuanto a contratación y altas a la seguridad social, el acceso al empleo en todos los sectores laborales para este colectivo.
La congestión de los servicios públicos sanitarios y la cronificación en la lentitud de las valoraciones de dependencia y los recursos económicos a familias también se han visto agrandados con esta crisis sanitaria. Pese al notable aumento de recursos en esta materia; un aumento en más de 600 millones de euros en 2021 que ha sido mayoritariamente transferido a comunidades autónomas y un 23% más en los presupuestos generales del Estado para 2022, lo cierto es que los recursos y su gestión eficiente siguen siendo insuficientes y a veces no centrados en conseguir la autonomía laboral y personal de las personas con diversidad funcional.
En este Día Internacional y Europeo de las Personas con Diversidad Funcional y con los efectos de una crisis sanitaria y con dimensión económica con un alcance aún por evaluar, reforzar los derechos, la inclusión, el bienestar y la dignidad de una parte importante de nuestra sociedad debe ser un objetivo primordial en todas las acciones institucionales y políticas que se arbitren, especialmente significado este año en la también brecha de género que sufren las mujeres con diversidad funcional, que multiplica exponencialmente las discriminaciones ya existentes y añade múltiples violencias machistas que se han agravado también durante los meses de confinamiento, como han denunciado diversas instituciones públicas y sociales.
Y ninguna administración puede permanecer parada ante una situación que la propia Comisión Europea ha calificado de preocupante y que le ha obligado a adoptar en este año la Estrategia sobre los derechos de las personas con diversidad funcional 2021-2030, que pretende mejorar la frustrante estrategia anterior (2010-2020) que, salvo tímidos avances en materia de derechos y participación en la sociedad y diseño de políticas económicas, aún no ha sido capaz de combatir esta brecha. La propia CE reconoce que “las personas con diversidad funcional aún se encuentran con obstáculos considerables y corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social” y por ello marca un objetivo de que “esta Estrategia avance hacia una situación en la que, con independencia de su sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, edad u orientación sexual, todas las personas con diversidad funcional en Europa puedan hacer valer sus derechos humanos, disfruten de igualdad de oportunidades y de participación en la sociedad y la economía, puedan decidir dónde, cómo y con quién viven, puedan circular libremente en la Unión, independientemente de sus necesidades de ayuda, y no sufran discriminación”.