Desde hace más de 35 años los ayuntamientos españoles han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal.
Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación local. Especialmente en el último mandato de gobiernos del PP, cuando una serie de medidas austericidas de los sucesivos ejecutivos de Mariano Rajoy cronificaron la situación al aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público.
La llegada del actual Gobierno de Coalición, junto con los acuerdos del Programa de Gobierno análogos, constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas que reclaman las entidades locales. En el acuerdo se cita textualmente que el Gobierno de coalición ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’. Esta cuestión debe ser prioritaria, por tanto, para el Gobierno de coalición, consideramos desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos por Alcalá.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) siempre ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Ejemplo de ello son la declaración y resoluciones, tanto las aprobadas en el XII Pleno de la FEMP ‘Compromiso con la financiación local’ , así como los acuerdos más recientes de mayores transferencias de fondos de reconstrucción COVID desde el Estado a los ayuntamientos.
Ahora se agrava aún más la problemática con la última sentencia del TC, que anula el impuesto de plusvalía que era una fuente de ingresos en algunos casos bastante importante para muchos ayuntamientos. En Alcalá esta situación puede ocasionar una disminución de ingresos de casi 6,5 millones de euros, por lo que es urgente que desde el gobierno central se dote a los municipios de los recursos necesarios.
Por ello, en esta moción reclamamos al gobierno central diferentes puntos:
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A iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales o la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local. El cumplimiento del acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español. Así como cambios legislativos para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente. Otro ejemplo más es el de revisar los beneficios fiscales de la Iglesia católica en lo tocante a tributos como el IBI.
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Instar al Gobierno del Estado a reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos), que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda. Instar también que mantenga el sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, así como a estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.
Son varios de los puntos de esta moción que pretender lanzar este mensaje de mayor refuerzo a las entidades locales y su financiación, ya que es el organismo más cercano al ciudadano y el que más puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estos en su día a día.
Esta campaña de apoyo se está realizando también en otros municipios como Sevilla.